de
de
La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó sanción, con amplia mayoría, al proyecto de ley que busca actualizar el régimen provincial de regalías mineras. El texto, que ahora pasa al Senado para su tratamiento final, establece criterios de cálculo unificados, mayores exigencias de trazabilidad y define un esquema de reparto claro entre la Provincia y los municipios.
La iniciativa es considerada clave dentro de la agenda minera del Gobierno, ya que busca establecer reglas claras y una distribución equitativa de los recursos.
Adecuación a la Ley Nacional y Tope de 3%
El nuevo régimen se adecúa a la Ley Nacional de Inversiones Mineras (Nº 24.196), que fija un máximo del 3% sobre el valor "boca mina" para la percepción de regalías. Este tope máximo está en consonancia con la adhesión provincial ya vigente a dicha ley nacional.
El proyecto de ley define detalladamente cómo se calcularán y controlarán las regalías, garantizando la trazabilidad y la responsabilidad ambiental a lo largo de toda la cadena productiva.
Distribución de los recursos recaudados
La ley establece una distribución clara de los recursos generados por las regalías mineras:
. 88% a Rentas Generales de la Provincia: De este porcentaje, el 15% de los recursos deberán ser afectados al Fondo de Desarrollo Socio Ambiental. El destino principal de este fondo será fortalecer los controles y monitoreos participativos, garantizar la transparencia y robustecer la Policía Ambiental Minera. Los requisitos específicos para su constitución, administración y funcionamiento serán definidos en la reglamentación posterior.
. 12% para Municipios Adheridos: El porcentaje restante (el 12%) se distribuirá entre los municipios en cuyo territorio se realice la extracción y que hayan adherido al presente régimen. Estos fondos municipales deberán ser destinados exclusivamente a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.
La propuesta de ley de regalía acompaña la iniciativa de creación del Fondo de Compensación Ambiental, cuyo objetivo es cobrar un porcentaje a las empresas extractoras para prevenir y mitigar actividades con impacto ambiental.
Fuente: Diario Jornada